Dra. Silvana De Rosa
Introducción
En 1990 se realizó en la ciudad de Caracas, la Conferencia regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, adoptándose luego la Declaración de la ciudad del mismo nombre, destinada a crear las estrategias, para lograr dicha estructuración.
¿Por qué propugnaba dicha declaración?
Fundamentalmente por la actualización de las legislaciones nacionales en la materia con el fin último de preservar los derechos humanos de las personas afectadas de padecimiento psiquiátrico.
Así como establecer evaluación de la práctica de los sistemas nacionales de salud mental.
¿Cuál es el interés que tomó como objeto a esta población de pacientes?
Como sostiene Vázquez ( ), por ser considerados como un grupo que requiere protección especial debido a su particular condición de vulnerabilidad, impotencia y abandono.
¿Por qué se consideraba que no se contemplaban los derechos humanos en el ámbito de la internación en hospitales psiquiátricos?
Pues se suponía que el hospital aísla al enfermo, creando condiciones que ponen en peligro los derechos humanos y civiles.
¿Cuáles eran los derechos fundamentales de todo ser humano, que se proponía garantizar?
La vida, la dignidad personal, la integridad física, psíquica y moral, la libertad personal, las garantías judiciales, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la propiedad privada, a la circulación y residencia, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial.
¿Qué innovación establecía?
Como dice Vázquez ( ) un sistema de protección de derechos humanos en el contexto de las personas con trastornos mentales que no existía con anterioridad a su promulgación.
¿Qué proponía?
La máxima libertad posible de éstas personas, a fin de que pudieran ejercer sus derechos civiles, en su hábitat cotidiano, así como cumplir con sus obligaciones de ciudadanos. Instando para ello, a la colaboración de todos los sectores de la comunidad, dentro del marco responsable del ejercicio de la ciudadanía, para garantizar el uso y el respeto por los derechos y obligaciones que otorgan las leyes.
Este consenso, habla de una necesidad implícita de participación, de todos los actores sociales de la comunidad, debido a que la salud, se entiende como un fenómeno de responsabilidad social, y tiene que ver con el entorno (medio ambiente).
Como ejemplo, todos deberíamos estar informados, en relación al tratamiento de las personas con padecimiento psiquiátrico.
El estar informados nos protege y responsabiliza a la vez.
La participación de los distintos sectores de una comunidad, a través del diálogo, la información, las identificaciones saludables, disminuye los riesgos de enfermar, en sectores que por sus características, no tienen acceso a la información, y el intercambio participativo.
La toma de responsabilidad social, también incluye el factor económico, como principio de autogestión, en la implementación de los proyectos y/o programas consensuados.
El efecto que la implementación de estas estrategias consensuadas con todos los sectores tenga, podrá ser evaluado, por distintos indicadores construidos, en relación a los objetivos propuestos, y guiará la acción futura, así como más toma de conciencia de la comunidad, por el efecto percibido como cambio, a partir de la autogestión.
Así el control social, también es en parte delegado por el Estado democrático a la comunidad pues, la participación también incluye información, no sólo sobre salud sino sobre prácticas de vida y comportamientos saludables, que tratan de desplazar a otros que no lo son tanto, sobre todo por sus efectos perjudiciales sobre la salud en general.
En la participación comunitaria están los ciudadanos, representándose individualmente a ellos mismos, y a las Instituciones a las cuales pertenecen, de esta manera el consenso y toma de decisiones, asciende hacia estratos de mayor representación en el conjunto total de la sociedad.
La salud – enfermedad es un proceso dinámico, definido tanto por factores sociales, históricos, políticos, económicos y culturales, factores en tensión que dan un resultado, que refleja el estado de ese proceso, en el aquí y ahora de una comunidad determinada.
La prioridad de la participación comunitaria, y su autogestión debe ser el “excluido”, debiendo definir cada comunidad, cuáles son sus características, causas, y obstáculos que presenta su resolución.
Cuando hablamos del aquí y ahora de una comunidad determinada, hablamos de su contexto, el cual implica también límites a las estrategias a implementar, tanto contingentes como propias de las diferencias entre los distintos intereses sectoriales, que pugnan para implementar sus ideas en la toma de decisiones.
Justamente las características del contexto determinarán la viabilidad o no, de la participación comunitaria y de sus efectos.
Los actores que pertenecen a distintas organizaciones, se verán influenciados por las premisas de las mismas, y a la vez, las diferencias entre éstas, determinarán mayor o menor participación, dependiendo de la etapa de la participación comunitaria (planteamiento de los problemas, confección de prioridades, desarrollo de la lógica de la gestión a implementar, implementación, evaluación).
Al haber mayor participación, una vez logrado el consenso, esta forma de integración, produce de por sí cambios.
La participación de la mayor cantidad de individuos, organizaciones o grupos de una comunidad, posibilita la puesta en acto de la diferencia. Lo múltiple sale a escena, y desafía a los decisores a diseñar políticas que no eviten enfrentar la tensión entre discursos, representaciones y objetivos diferentes y hasta opuestos.
El hecho de que cada comunidad encuentre la manera de aplicar las políticas públicas, en su contexto; el crear la propia supervisión de los ciudadanos, en el proceso de la atención en salud mental; y establecer mecanismos de aprendizaje en red, constituyen también una nueva forma de considerar la gobernabilidad.
La salud es desarrollo, y la participación de los ciudadanos, en este tema, no sólo puede mejorarla, sino fortalecer el estado democrático, en el cual mediante el diálogo, también se logra desarrollo, madurez social, toma de conciencia de la sociedad, en la cual los ciudadanos están insertos, creándola.
¿Cuáles serían los puntos a asegurar en una ley nacional de Salud Mental conforme a los principios rectores de la declaración?
Que las políticas de salud mental tengan conformidad a la preservación de los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos, que el plan nacional esté en coordinación con las provincias y la Ciudad autónoma de buenos aires, articulando políticas y actividades. Que los establecimientos de los tres subsectores (estatal, público y privado) figuren en un registro único con auditoria de la calidad de las prestaciones, así como un sistema estadístico que permita la planificación estratégica, y la información centralizada. Que su personal sea incluido en programas de capacitación.
Estimar anualmente un presupuesto operativo para dar cobertura a esta red de salud mental. Los recursos deberían ser destinados hacia tratamientos ambulatorios, internación parcial, y atención domiciliaria.
Crear programas para salvar la brecha entre el sistema actual de los servicios y aquel por crearse.
Mantener un control del ejercicio de las profesiones de acuerdo a la legislación vigente.
La propuesta planteada en la ‘Declaración de Caracas de 1990’ se resume en el término participación, y la responsabilidad de la gestión, consiste en inventar dispositivos que la hagan posible.